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miércoles, 2 de noviembre de 2016

Minjusticia radica proyecto de ley que moderniza el Código de Extinción de Dominio

Con este proyecto de ley, el Estado podría aspirar a una enajenación temprana de más de cuatro billones de pesos

Bogotá, 2 de noviembre de 2016. El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Hacienda radicaron esta semana en el Congreso de la República un proyecto de ley que moderniza el Código de extinción de dominio, promueve la enajenación temprana de los bienes y amplía el concepto de crimen organizado, permitiendo así contrarrestar cualquier organización delictiva.

Este proyecto busca además agilizar todo lo que tiene que ver con el proceso de extinción de dominio, respetando los derechos fundamentales de los afectados y garantizando un mejor manejo de los recursos por parte del Estado.

El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Hacienda recomiendan la enajenación temprana para que el Estado pueda entrar a disponer de manera casi inmediata de los bienes incautados.

Según el proyecto de ley, con la implementación de la enajenación temprana se le quita al Estado el problema de administrar tantos bienes y de diferentes naturalezas. También se elimina la posibilidad de que existan escenarios y contextos de corrupción en la administración de los bienes y, por último, permite tener acceso de manera muy rápida a recursos líquidos que son destinados contra el crimen.

La idea es que los titulares vuelvan a recibir el valor neto de su bien más el producido del mismo, en caso de que el Estado falle a favor de ellos, así no tendrán ningún tipo de perdida.

En este momento existen procesos de extinción de dominio que llevan décadas sin definirse, lo que se pretende con este proyecto de ley es permitir que los procesos puedan durar meses o días (dependiendo de la colaboración de los afectados).

El dinero de extinción de dominio, además de ser destinado para las víctimas (en el caso de programas de generación de acceso a tierras), será distribuido 25% a favor de la rama judicial, 25% para la fiscalía y el 50% para el Gobierno Nacional.
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