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lunes, 26 de septiembre de 2011

Minjusticia instalará esta mañana la Mesa de Diálogo Técnico para el diseño del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Bogotá, 26 de septiembre de 2011. Como parte del proceso participativo en la reglamentación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el apoyo de AECOM-USAID, instaló hoy lunes la Mesa de Diálogo Técnico para el diseño y la construcción de insumos y aportes en relación con el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Los textos concertados incluyen medidas como la construcción de la memoria histórica a través de la visión indígena o de la visión de las comunidades étnicas. Así mismo,  incluye la creación de una nueva institucionalidad especialmente dedicada a atender las necesidades de estos grupos e incluyen medidas que la inseminación por ejemplo administrativa será para el colectivo, para el conjunto, para la comunidad y no para cada una de las víctimas individualmente consideradas o mejor dicho adicional a esa indemnización individual.

En esta Mesa participan miembros de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento, delegados del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Codhes, la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; entre los que se encuentran Eduardo Cifuentes, Luis Jorge Garay, Patricia Lara, Pedro Santana, Luis Evelis Andrade, Monseñor Héctor Fabio Henao, Rodrigo Uprimny, Marco Romero, Antonio Madariaga y León Valencia, entre otros.

Tanto con indígenas como con comunidades negras, afrodescendientes palenqueras y raizales, así como con comunidades gitanas ya culminó el proceso de concertación de los textos y ahora inicia el proceso de consulta previa.

Como lo anunciaron los representantes de estas comunidades, nunca se había hecho un proceso de concertación tan amplio y desde la constitución del 91 lo dijo un representante de la ONIC no se contaba con un texto tan garante de los derechos de las víctimas de estos grupos étnicos.

Los textos ya concertado incluyen medidas como por ejemplo la construcción de la memoria histórica a través de la visión indígena o de la visión de las comunidades étnicas, incluye la creación de una nueva institucionalidad especialmente dedicada a atender las necesidades de estos grupos e incluyen medidas que la inseminación por ejemplo administrativa será para el colectivo, para el conujunto, para la comunidad y no para cada una de las víctimas individualmente consideradas o mejor dicho adicional a esa indemnización individual.

En este momento está iniciando el proceso de consulta previa y la idea es que finalice en el próximo mes la consulta para que sea sancionado por el presidente en el mes de noviembre del presente año.

La propuesta que se presenta el día de hoy del plan nacional de atención y reparación contempla que incluso aquellos abogados que hubieran acordado unos honorarios excesivos antes de la entrada en vigencia de la ley de víctimas no podrán recibir esos honorarios bajo ninguna circunstancia porque así lo plantea la ley. La ley prevé acordar los honorarios o recibirlos, entonces los procesos que ya estén en curso y que se hayan acordado esos honorarios los abogados no podrán recibirlos sin exceden los montos de la ley.

Para los procesos contencioso administrativos, es decir, aquellos en los que se demanda el estado el monto máximo son 25 salarios mensuales mientras que para los procesos de tutela el monto máximo son dos salarios mínimos legales vigentes.

Lo que se establece es que los abogados que hagan este tipo de pactos no se lo tienen que presentar al juez sin embargo si estudiara la responsabilidad disciplinaria de aquellos abogados que por debajo de cuerda pacten este tipo de honorarios.

Sanciones disciplinarias si se demuestra que obraron fraudulentamente en contra de la victima podría llegar a removérsele la tarjea profesional.

El presupuesto global de la ley el ministro de Hacienda lo ha comentado, ha dicho que año a año se irán consiguiendo los recursos y que no se puede hablar de un estimativo porque se desconoce de aquí a diez años el número total de víctimas. Sin embargo en una columna de opinión el ministro de Hacienda ya dijo que para la ejecución de la ley el próximo año está destinado 3.8 billones de pesos para que arranque en plenitud la ley de víctimas en el 2012.

Más que suficiente, incluido para iniciar con nueva institucionalidad también hay un rubro presupuestal importante para que pueda la unidad de víctimas, el centro de memoria histórica y las demás instituciones arrancar en pleno funcionamiento el próximo año.

La ley de justicia y paz exige que los bienes entregados por los postulados tengan vocación reparadora, la propuesta del Gobierno nacional es que se considere que los bienes que no están saneados no tengan esa vocación reparadora, por lo tanto, bienes que deban impuestos o servicios públicos no podrán ser recibidos dentro del proceso de justicia y paz.

En este momento las dificultades con las que nos hemos encontrado es que en la administración de ciertos bienes es tan grande la deuda que tienen en impuesto que termina costando mas sanear los bienes que lo que finalmente se destinaria para la reparación de las víctimas.

La propuesta que hace hoy el gobierno nacional es que haya un estudio técnico previo que hará el fondo de reparación a victima para que el juez tenga suficiente información sobre si cuesta demasiado administrar estos bienes y sanearlos para que no se lo reciban en el proceso de justicia y paz al postulado.

No cumpliría el postulado con uno de los requisitos que es entregar bienes para reparación a las víctimas y por lo tanto podría ser excluido del proceso de justicia y paz.

La propuesta contenida en el plan nacional de atención en el primer borrador que hoy presenta el gobierno nacional es que haya dos esquemas, uno de protección individual para los lideres que promuevan la restitución de tierras y otra de restitución colectiva para las personas que accedan a las medidas de restitución de la mano con el programa de zonas de consolidación del Gobierno nacional.

A medida que vayan llegando las reclamaciones de protección individual se irán otorgando las medidas dependiendo del estudio de evaluación de riesgo que realice la entidad promotora o la entidad que administre estas medidas de protección.
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