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viernes, 5 de octubre de 2012

Ministra de Justicia y del Derecho invita a magistrados, jueces, fiscales y abogados a contribuir con el éxito de la oralidad y la transformación de la justicia en Colombia

Medellín, Antioquia, 5 de octubre de 2012.- Durante su intervención en el Décimo Quinto Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, la Ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa, destacó el desafío que plantean las nuevas reformas en los procedimientos y los cambios en la administración de justicia. “Nos permitirán dar un gran salto, que no sólo se mantendrá en el buen curso de los procesos y la tan ansiada descongestión de los despachos judiciales, sino, más importante, en la contribución para que, desde los estrados, podamos construir un país más justo, más equitativo y en paz”, puntualizó.
 
Hizo énfasis en la responsabilidad que tienen los distintos sectores de la justicia en la realización de una justicia pronta, por lo que extendió la invitación “para que, en lugar de esperar escépticamente los resultados de la implementación de los códigos, trabajemos conjuntamente por sacarlos adelante y hacer del debido proceso una realidad efectiva, en lugar de una utopía”.
 
Indicó que el tránsito a la oralidad genera todo un cambio de paradigmas que van mucho más allá del simple cambio en la forma de realizar ciertos actos en el proceso. La oralidad supone una revolución copernicana, en la que el eje del proceso deja de ser el expediente para girar en torno del juez, como es deseable.
 
Nuevo modelo del juez
 
Los nuevos códigos han hecho un esfuerzo grande por restaurar al juez en toda su dignidad, como director y pieza fundamental en una justicia que cada vez debe ser más cercana, expedita y adecuada para resolver las necesidades del ciudadano. “En coherencia con ello, y con el ánimo de reivindicar el papel protagónico del juez, el Código General del Proceso ha puesto un especial énfasis en los deberes, poderes y responsabilidades de los jueces, según quedó plasmado en el artículo 42 y siguientes del dicho estatuto”.
 
Detalló que “la audiencia será el escenario principal desde donde actuará el juez frente a las partes, y en donde se tomarán la mayor parte de las decisiones trascendentes de proceso. En ella se fijará el litigio, se decretarán y practicarán las pruebas, se escucharán los alegatos de conclusión y se proferirá sentencia.” La Ministra precisó que en ese escenario el juez pondrá en práctica el principio  de inmediación, entre en contacto directo con las partes y sus apoderados, los escuche sin la intermediación de largas cadenas de memoriales y autos, y conocerá de primera mano el material que le servirá de base para tomar una decisión sobre el litigio”.
 
Apartes del discurso pronunciado por la Ministra de Justicia y del Derecho.
 
Insistió en que se requiere de un juez proactivo, que mantenga en sus manos las riendas del proceso, que previamente haya estudiado y domine los distintos temas materia del litigio y sepa tomar decisiones al vuelo, sin necesidad de decretar suspensiones que frenen el curso normal de la audiencia. “Quien va a llevar la batuta del proceso debe dar el ejemplo para las partes y ser un modelo a seguir; en esta medida debe llegar a la audiencia sabedor del problema jurídico sobre el cual versa el asunto, con pleno conocimiento de las pretensiones y defensas que esgrimen las partes, y empapado de los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan unas y otras. Sólo así podrá, como debe, ser un actor del proceso, y no un simple espectador de lo que ocurra en su presencia”.
 
Ello requiere además de un juez que sepa cuándo y cómo usar los distintos poderes de ordenación, instrucción y corrección, para mantener la dignidad de su investidura, y de la justicia, que representa. El juez, se ha dispuesto desde el código de 1970, debe rechazar las solicitudes manifiestamente improcedentes, en procura de la eficiencia del proceso, y amonestar a quienes falten al orden; dicho poder del juez toma un nuevo aire con  la reglamentación que el Código General del Proceso hace de las pruebas.
 
Un ejemplo claro de ello se encuentra en la práctica de los interrogatorios de parte y de terceros, en los que se ha confiado al juez la importante tarea de preservar la espontaneidad de las versiones que presente el interrogado, y evitar que ella se vicie como consecuencia de la indebida formulación de las preguntas o de las objeciones que se presenten. En estos casos, el juez debe rechazar las preguntas sugestivas, impertinentes y superfluas, del mismo modo que las objeciones que vayan más allá de la causal invocada, y la decisión sobre lo objetado no tendrá recursos ni admitirá alegaciones, ni la pregunta descartada tendrá posibilidad de  reformulación por la parte.
 
Como director del proceso en un escenario donde impera la oralidad y la inmediación, el juez debe adoptar todas las medidas necesarias para involucrar y hacer accesible a los intervinientes, incluso a los legos, las decisiones por él tomadas. Un juez moderno debe hacer a un lado el exceso de formalismos, el lenguaje altisonante y las expresiones poco cotidianas, y preferir un lenguaje sencillo y comprensible, sin temor a perder por ello la dignidad de su cargo. Estando clara la decisión, no requerirá de adornos para exponerla a las partes, más allá de la motivación estrictamente necesaria para justificar su razonabilidad y su conformidad con el derecho.
 
Oralidad en los procesos
 
La oralidad supone también, en una de sus manifestaciones del deber de procurar la economía procesal. Las providencias judiciales deben favorecer la brevedad, y evitar perderse en consideraciones académicas o en fundamentaciones históricas, cuando está en juego el tiempo de los asistentes y la solución del litigio. La investidura del juez es razón suficiente para acreditar su idoneidad. Una austera elegancia en su expresión durante las audiencias y las diligencias es más que idóneo para cumplir a cabalidad con su función social, y para ayudarle a reservar tiempo para atender otros de los muchísimos negocios que lleguen a su despacho. No hace falta que el juez demuestre su idoneidad a las partes o a sus apoderados, a través de eruditas disertaciones: “lo bueno –dice la sabiduría popular- si breve,es dos veces bueno”.
 
Ahora bien, uno de los problemas graves que enfrentan los procesos, y a los que tradicionalmente nos habíamos habituado como una situación normal, consiste en la forma en que en él se enfrentan los vicios en la sustanciación de los juicios y en la realización de los actos procesales. El régimen de nulidades procesales, lejos de ser el guardián del debido proceso cuando éste se había vulnerado, se había convertido en una excusa para someter el proceso a constantes dilaciones y retrotraimientos. Los esquemas procesales permitían que las nulidades que habían pasado inadvertidas pudieran sobrevivir de incógnito a lo largo de una buena parte del proceso, y que después de mucho tiempo tuviera que revertirse y repetirse todo lo actuado.
 
La Ley 1285 de 2009 introdujo en nuestro ordenamiento procesal la figura del control de legalidad, que dio toda una nueva perspectiva al rol del juez respecto de la buena salud del proceso. Ya no es concebible un juez que asuma una postura pasiva, y se quede a la espera de que las partes le planteen la existencia de vicios en el proceso para sanearlo a través de las nulidades procesales. La existencia de vicios en el proceso, como la falta de competencia del juez, no supone de suyo la invalidación de todo lo actuado, ni obliga a repetir las etapas que se hubieren completado con anterioridad.
 
Pero el juez tiene el deber correlativo de asumir un papel sustancialmente más activo, que se dedique a precaver más que a remediar, y que al final de cada una de las etapas procesales haga una revisión de lo actuado, enderece lo corregible, mantenga el buen curso del proceso y evite, en la medida de lo posible, la anulación y reversión de las etapas. El proceso, en manos de este juez renovado, dejará de ser un camino accidentado hacia una esperanza de sentencia, para convertirse, bajo su guía, en una vía expedita para la solución de los conflictos y la garantía de la paz social.
 
Un último punto, muy importante, toca el deber del juez de usar, para el desarrollo del proceso, las nuevas tecnologías. En la actualidad se están destinando esfuerzos grandes tanto a nivel presupuestal como humano, para adecuar la justicia a los tiempos actuales y dar, de una vez por todas, el salto de la justicia del siglo XIX a la justicia del siglo XXI. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones están abriéndose camino e impregnando la forma en que se trabaja en la profesión jurídica. Pronto, su adecuada implementación revolucionará la forma en la que hemos aprendido a trabajar, y la manera en que se debe desplegar la actividad de las partes y de las autoridades: para entonces, debemos estar preparados.
 
Para cuando entre en pleno funcionamiento el Plan de Justicia Digital, y sea posible el litigio en línea, ya el señor presidente de la corte suprema, en su intervención del día de ayer narraba como en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial que sesiona junto con el Gobierno Nacional están dando pasos sólidos e importantes en torno a  lograr que la justicia digital sea una realidad para cuando ese plan de justicia digital, ese litigio en línea se concrete el juez deberá desarraigarse de lo aprendido y  mantener una mente abierta para los nuevos retos. No es suficiente con el cambio tecnológico mucho más importante que el mismo es el cambio  de la mentalidad en el pensamiento del juez. El expediente, las notificaciones, las pruebas, el control del proceso, las estadísticas y la misma interacción entre los funcionarios del despacho con el usuario, darán un giro de 180°. Las tecnologías permitirán agilizar y automatizar asuntos cotidianos en los que hoy se invierten demasiadas horas, que podrían estarse utilizando para satisfacer de una forma más adecuada la demanda de justicia, representada en los miles de expedientes que hoy tenemos represados. Acogerlas y utilizarlas simplificará la forma de administrar justicia y permitirá utilizar el tiempo de nuestros jueces y funcionarios de forma más eficiente.
 
Tenemos, pues, un escenario de coyunturas y transformaciones. En estos momentos, es imprescindible que todos y cada uno de nosotros hagamos nuestra contribución para el éxito de la oralidad, y la transformación de la justicia en Colombia. Es necesario para ello reinterpretar los deberes del juez, para que cada uno los asuma como nuevas tareas y compromisos en este proceso de cambios. Sólo entonces se logrará establecer el verdadero giro que requerimos en la administración de justicia, para que finalmente podamos darle la bienvenida a este siglo XXI.
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