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martes, 27 de agosto de 2013

Ministerio de Justicia, Cámara de Comercio y el Banco Mundial presentan resultados de la Gran Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas

Bogotá, 27 de agosto de 2013. Con el objetivo de contar con insumos que permitan formular políticas públicas claras y eficaces frente al servicio esencial de acceso a la justicia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en convenio con el Banco Mundial y la Cámara de Comercio de Bogotá, presentan los resultados de la Gran Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas.

Este estudio, realizado en 14 ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pasto, Montería, Tunja, Neiva, Pereira, Villavicencio, Florencia y Quibdó) permite, por primera vez, una evaluación estadísticamente representativa de la situación de las necesidades jurídicas a nivel urbano, haciendo énfasis en poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, como las personas en extrema pobreza o con discapacidades.

La encuesta muestra que cerca de dos de cada cinco personas de la población urbana colombiana mayor de edad sufrieron alguna necesidad jurídica en los últimos cuatro años, proporción que es mayor para las poblaciones en situación de pobreza y en situación de discapacidad.

Estas necesidades jurídicas están asociadas prevalentemente con hurtos y estafas, disputas respecto de la prestación de servicios de salud y servicios públicos domiciliarios, y conflictos vecinales o familiares. 
Además de dichos asuntos, la encuesta permite ver cómo la población en situación de pobreza extrema padece en mayor medida conflictos relacionados con delitos violentos, desplazamiento forzado y amenazas; y para el caso de la población en discapacidad, los conflictos están relacionados con la discriminación personal y el hábitat.

Otro de los principales hallazgos de la encuesta tiene que ver con el mecanismo preferido para solucionar los conflictos empresariales. El 72.6% de las empresas prefieren usar la negociación directa y solo el 2.6% prefieren el proceso judicial. La preferencia por este mecanismo está ligada con las características de las empresas, pues la negociación directa responde a las realidades del contexto social y económico en el que están inmersas la mayoría de las empresas encuestadas. Además, la encuesta pudo determinar que hay una preferencia por parte de la población femenina del país por los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos como mecanismo para obtener justicia.

Los resultados de la encuesta destacan la oferta pública de estas herramientas para solucionar amigablemente las controversias (Comisarías de Familia, Fiscalía, ICBF, Superintendencias, Ministerio Público), y de igual forma la oferta privada (centros de conciliación, notarías, consultorios jurídicos, oficinas de quejas y reclamos).

Otra conclusión es la muy alta participación que tiene en el acceso a la justicia las Oficinas de Quejas y Reclamos. Estos son los porcentajes de personas que decidieron acudir a estas Oficinas ante un conflicto: población general, 35.3%; población extrema pobreza, 26.6%; población en situación de discapacidad, 51.5%; población empresas, 1.5%; población usuaria de la conciliación en derecho, 1.7%.

Esto indica que hay un circuito de reclamaciones relacionadas con el consumidor de bienes o de servicios que es significativo y que recoge una masa importante de la conflictividad social que se resuelve mediante los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Estos y otros resultados serán expuestos por Rodrigo Uprimny, coordinador del equipo consultor que adelantó este diagnóstico.

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