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miércoles, 4 de enero de 2017

Metas cumplidas en la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Minjusticia

Bogotá 4 de enero de 2017. Durante 2016, la dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho elaboró el Plan Nacional de Política Criminal 2016-2020, que establece los parámetros para la formulación del CONPES de Política Criminal, que permitirá fortalecer programas de género, sistema penal de adolescentes y sistemas de información, entre otros. 

Uno de los principales logros alcanzados por esta Dirección fue el diseño de los “lineamientos de género para la prevención de la violencia sexual”, generando directrices para la prevención de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento, que permitirán coordinar las acciones de las entidades e instituciones competentes para la atención integral a las víctimas. Esto se logró a través de la revisión de los informes producidos por la Mesa Mujer y Conflicto Armado, el Grupo de Memoria Histórica y diversos documentos de organizaciones de mujeres.

Adicionalmente, se logró el fortalecimiento de las “Instancias de coordinación de la Política Criminal” del Consejo Superior de Política Criminal (CSPC), lugar natural de diálogo y consenso interinstitucional de política criminal. En el año 2016 sesionó en seis oportunidades y emitió dieciocho (18) conceptos sobre propuestas o proyectos de ley en los que se señalaron lineamientos generales de política pública. 

Para el caso del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA & Comités Departamentales) a través del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA), como instancia para la coordinación, articulación y fijación de parámetros técnicos en materia de Políticas Públicas, se realizó el seguimiento y evaluación de acciones relacionadas con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). En su ejecución y avance se crearon 32 Comités Departamentales, integrando así el principio de corresponsabilidad de los entes territoriales para lograr la articulación institucional necesaria y mejorar el funcionamiento del sistema penal en beneficio de los adolescentes y jóvenes y, por ende, su calidad de vida.

La Dirección de Política Criminal elaboró, en 2016, el estudio ´La proporcionalidad de las penas en la legislación penal colombiana´ que demuestra sus diferencias con la política criminal. Este documento es insumo para la discusión de la criminalización primaria, así como fundamento en la elaboración de propuestas legislativas que recuperen las características del derecho penal y que permitan la elaboración de leyes penales de manera más racional. Incluye ocho encuentros con diversos actores institucionales y de la sociedad civil para la posterior formulación, implementación y evaluación de las propuestas políticas y legislativas que se construyan a partir de los resultados del mismo.

Al término del año se construyó la primera fase del Sistema de Información de Política Criminal: Conjunto de datos y batería de indicadores en todas las fases de la política criminal, en conjunto con la Oficina de Información en Justicia y la Subdirección de Sistemas, para consulta de toda la ciudadanía. Representa un avance único de generación de información para dar cuenta de manera transversal los puntos de especial relevancia en materia penal y criminal. Ya se han revisado y analizado 172 bases de datos y documentos relacionados con desplazamiento, corrupción, contrabando, crimen organizado, secuestro, corrupción, minería criminal y delitos contra el ambiente, para la generación de informes del Observatorio de Política Criminal.

Adicionalmente, se formó el Programa de Formación en Teletrabajo, capacitando durante 120 horas a personas privadas de la libertad en habilidades digitales y nuevas tecnologías, que posteriormente son certificadas por la International Computer Driving Licence (ICDL). Esto con el objetivo de promover alternativas laborales y una política de inclusión y generación de empleo para la población privada de la libertad, como mecanismo de resocialización. A la fecha se han implementado tres pilotos exitosos en los establecimientos penitenciarios de San Andrés, Tunja y Buen Pastor de Bogotá.

Finalmente, la Dirección destaca la implementación del Programa de Justicia Restaurativa en Casas de Justicia, que tiene como propósito evitar el escalonamiento de conflictos hacia eventos delictivos y la resolución de conflictos a través de la promoción y consolidación de capacidades, habilidades y puesta en marcha de herramientas de justicia restaurativa en Casas de Justicia y Centros de Convivencia.

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