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martes, 17 de julio de 2018

Mediante diversas iniciativas, el Ministerio de Justicia busca construir una política criminal más racional, coherente y eficaz

Bogotá, 17 de julio de 2018. Actualmente la política criminal de Colombia está orientada hacia la racionalización de las penas, el respeto por los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, la eficiencia en la administración de la justicia, la reducción de la criminalidad y la violencia y la reintegración social de las personas sancionadas penalmente. Y gracias al trabajo adelantado por la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, se han logrado consolidar diversas iniciativas en la materia.

Durante 2018, el MinJusticia apoyó procesos como los de cuatro casas de reflexión de los Arhuacos, tres centros de armonización del pueblo Nasa y la justicia de los indígenas Kamentsá. Al tiempo, generó reglamentos internos con estas tres comunidades para garantizar el diálogo jurisdiccional.

Así mismo, se brindó asistencia para la realización de proyectos productivos en algunos centros de armonización del Cauca, los cuales buscaban contribuir al proceso de resocialización de los indígenas privados de la libertad. Y hoy se avanza en la firma de un convenio con el Consejo Regional Indígena del Cauca para apoyar el fortalecimiento de la justicia indígena de los pueblos Guachicono, Kokonuko, Nasa y Yanacona.

Como parte de la construcción de la política criminal, en lo corrido del año se aprobó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley Orgánica número 169 de 2017 Senado-026 de 2017 Cámara, con el que se oficializó la ampliación de la planta de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Y también tuvo sanción presidencial la ley con la que se fortalece la investigación y judicialización de organizaciones criminales. Otros proyectos de ley que se encuentran en trámite son el de fortalecimiento de la política criminal y penitenciaria y el que aprueba un convenio sobre ciberdelincuencia. 

Con el ánimo de contribuir al deshacinamiento para mejorar las condiciones de los privados de la libertad, el Gobierno Nacional ha entregado a la fecha 2.417 nuevos cupos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Bellavista, Antioquia (408); Espinal, Tolima (768); Ibagué, Tolima (576) y Tuluá, Valle del Cauca (665). Se espera que en los próximos meses se entreguen 720 en Buga, Valle del Cauca.

Además, las alcaldías de Yarumal y Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio marco con el que se busca iniciar la construcción de una colonia agrícola penitenciaria en los terrenos de los que hasta ahora era el Seminario Cristo Sacerdote de Yarumal. Se espera que el nuevo centro de reclusión tenga capacidad para 1.328 internos.

Y para entrega en 2021 se tiene prevista la construcción de un Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional en Sabanas de San Ángel, Magdalena, con capacidad para 3.000 personas; y la de un sector de mediana seguridad con sus obras conexas en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Palmira, el cual generaría 720 cupos.

La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del MinJusticia ha fortalecido su labor de coordinación a través de dos de sus principales instancias: el Consejo Superior de Política Criminal y el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Este último promueve la gestión de acciones que garanticen el respeto por los Derechos Humanos de los adolescentes en conflicto con la ley y por la implementación de programas de justicia restaurativa (cabe anotar que 30 jóvenes se han beneficiado de esta iniciativa que en 2018 empezó a implementarse en Medellín).

Por su parte, el Observatorio de Política Criminal -instancia técnica permanente de seguimiento y análisis de los fenómenos de política criminal- se apoya en el Sistema de Información de Política Criminal para ampliar las fuentes y variables que se reportan sobre fenómenos relacionados con criminalidad y sistema penal. Esto con el fin de que el seguimiento sea más transparente, completo y abierto a la ciudadanía. Se encuentra disponible en http://info.politicacriminal.gov.co/ 

El Observatorio también registra importantes avances en investigaciones e informes relativos a los efectos psicosociales de la prisión, el contrabando en Colombia, la aplicación del procedimiento especial abreviado y la reincidencia de jóvenes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Así las cosas, se espera que en lo que resta de la presente vigencia se pueda seguir robusteciendo la articulación entre las políticas de seguridad y la política criminal.

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