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martes, 14 de febrero de 2017

Más y mejor formación para operadores de justicia y ciudadanos pide Caldas en la fase regional del Plan Decenal de Justicia

Bogotá, 14 de febrero de 2017. Insuficiencia en la implementación de mecanismos de vigilancia, garantía y protección de los derechos fundamentales, sociales, culturales, colectivos y del ambiente; predominio de la lógica jurídica sobre la garantía de los derechos; y escasa formación y especialización en diversos temas de la justicia por parte de sus operadores. Estos son los principales problemas detectados dentro del diagnóstico de elaboración del Plan Decenal de Justicia en el departamento de Caldas. 

Estas problemáticas fueron abordadas durante la fase de participación regional del Plan en el departamento, que comprendió dos Mesas desarrolladas en Manizales el 6 y 7 de septiembre y el 31 de octubre de 2016, y contó con la participación de representantes de los operadores judiciales, la sociedad civil y el sector académico.

El documento elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas, y que recoge las conclusiones de estas Mesas, registra otras dificultades de la justicia en el departamento, entre ellas la congestión del sistema de justicia y la poca efectividad en su administración; la falta de autonomía en la ejecución presupuestal de la Rama Judicial; y los fenómenos de corrupción y politiquería en la administración.

En el apartado de las víctimas también se detectaron numerosas falencias, encabezadas por la ineficacia e ineficiencia en la articulación interinstitucional al interior del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral y con las organizaciones de víctimas y defensoras de Derechos Humanos; y la centralización administrativa, fiscal y financiera de las unidades administrativas especiales para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y de Gestión de Restitución de Tierras. 

También se criticó la falta de formación y especialización de los operadores de justicia y los servidores públicos en los mecanismos judiciales y extrajudiciales para el cumplimiento de derechos de las víctimas; el juzgamiento y seguridad jurídica de los agentes del Estado o miembros de grupos armados ilegales implicados en infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones de los Derechos Humanos; las deficiencias en la continuidad y acompañamiento a la reintegración socioeconómica de los excombatientes; y la ausencia de un enfoque diferencial para quienes se quedan en contextos rurales y quienes hacen la transición a la vida en las ciudades.

Esto, además de las fallas en la socialización y sensibilización de las responsabilidades y beneficios de las medidas adoptadas en el proceso de transición hacia la construcción de una paz estable y duradera.

Otros factores que hacen que la justicia en Caldas no funcione como debería son la congestión del sistema de justicia, la poca efectividad en su administración y la falta de autonomía para la ejecución presupuestal de la Rama Judicial.

Las Mesas también identificaron los obstáculos que no permiten a la ciudadanía acceder a la justicia: el débil seguimiento y control a las sanciones, la lentitud al generar sentencias, el poco acceso a la información de los expedientes, la ausencia de rutas de información, el mínimo conocimiento jurídico de la sociedad civil, la falta de articulación interinstitucional, la ausencia de enfoque diferencial, las distancias entre los lugares de residencia y los sitios en los que se accede a la justicia y las sentencias que no se cumplen por falta de presupuesto.

Así las cosas, se proponen soluciones variadas, como el impulso a reformas legislativas y de política pública para crear y financiar juzgados especializados en asuntos ambientales y constitucionales; el mejoramiento del sistema penal acusatorio; el fortalecimiento del régimen disciplinario para la rama judicial; y actualizaciones para los operadores de justicia en temas ambientales, de justicia transicional, derechos humanos y enfoque diferencial.

También se plantea mejorar el acceso y agilidad de la justicia con las TIC’s, la infraestructura y equipamiento de la justicia formal y no formal y aplicar concurso de méritos a los procesos de vinculación laboral de los operadores judiciales.

Por último, se solicita crear observatorios para hacer seguimiento a los casos; formar a la sociedad civil en derechos humanos, mecanismos de acceso a la justicia y mecanismos alternativos de resolución de conflictos; y especializar en Derechos Humanos y Justicia Transicional a funcionarios judiciales y empleados públicos.

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