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martes, 8 de mayo de 2018

“Los internos no son personas que tienen devaluados sus derechos”: Ministro Gil Botero

Bogotá, 8 de mayo de 2018. Este martes, durante el debate de control político que buscaba esclarecer cómo se produjo una fuga de presos de la cárcel La Picota el pasado 31 de marzo, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, dio a conocer algunos de los avances que la cartera que lidera registra a la fecha en materia penitenciaria y carcelaria.


“Es un placer para mi estar hoy acá para rendir cuentas de lo que hemos realizado en esta materia. El 9 de marzo de 2017, cuando me posesioné como Ministro de Justicia, el hacinamiento era del 52%, y hoy está en el 45%. Durante estos 14 meses hemos entregado cárceles en Ibagué, Tuluá, El Espinal y próximamente entregaremos la de Buga. Así vamos dándole cumplimiento a órdenes de la Corte Constitucional sobre el estado de cosas inconstitucional”, dijo el alto funcionario en desarrollo del debate que tuvo lugar en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. 

El alto funcionario destacó que desde el Ministerio se trabaja para dar una visión diferente de lo que son hoy los centros carcelarios y penitenciarios. “Es muy importante resaltar el trabajo de las entidades territoriales, que vienen dando cumplimiento a un deber legal que data de 1993: que los municipios y departamentos deben velar por los imputados, mientras que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Nación deben encargarse de los condenados”, señaló.

El jefe de la cartera de Justicia informó que actualmente hay 120.000 personas privadas de la libertad, de las cuales 80.000 están condenadas y 40.000 imputadas. “Por fin estamos tomando conciencia y generando un acercamiento de los territorios a la Nación. Creemos en la resocialización y en la rehabilitación, y en que lo importante es generar una política criminal eficaz, eficiente y de prevención”, manifestó al recordar que entre 2010 y 2018 se ha pasado de 61.000 cupos carcelarios a 79.000. 

Gil Botero aseguró que ha defendido la racionalización de la detención preventiva en contra de criterios populistas y de endurecimiento punitivo, pues para él no resulta lógico que una persona dure hasta nueve años en esta condición cuando existen estándares internacionales que la rigen.

“Los internos no son personas que tienen devaluados sus derechos. Por el solo hecho de ser seres humanos poseen los mismos que cualquiera de nosotros. Por ello buscamos generar programas en los que puedan trabajar y estudiar. Perseguimos una política criminal humana, por lo que hoy los fines de la pena son la rehabilitación y la resocialización, antes que la misma retribución. Yo creo en las segundas oportunidades”, señaló.

Para finalizar su intervención, el Ministro Gil aseguró que la cartera de Justicia viene estableciendo una política pública contra la corrupción. “Estamos buscando medidas para evitar la propagación de fenómenos como el tráfico de drogas, el manejo de celulares y el ingreso de armas a los establecimientos carcelarios”, anotó.

Y sobre la fuga de los internos de La Picota hace poco más de un mes, indicó que le pidió al Fiscal General delegar a un profesional especializado para que se encargue del asunto. “No hacemos caso omiso a estas falencias y advertimos a la Fiscalía y a la Procuraduría para que dichas entidades tomen las medidas correspondientes”, puntualizó.

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