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viernes, 31 de mayo de 2019

La pregunta es ¿Quienes deben ir a la cárcel?”: Ministro de Justicia (e)

Actualmente hay alrededor 120.000 personas privadas de la libertad; 80.000 son condenados, que son responsabilidad de la Nación y aproximadamente 40.000 son sindicados, cuya responsabilidad es de los entes territoriales.

Bogotá,  30 de mayo de 2019. En el marco del debate sobre la situación que enfrenta el país en materia penitenciaria y carcelaria, celebrado en la Comisión Legal de Cuentas y de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes, Juan Francisco Espinosa Palacios, Ministro de Justicia y del Derecho (e), presentó el panorama de lo que esta cartera ha encontrado en materia carcelaria.

“La oferta del país se ha mantenido estable con 80.000 cupos, pero la demanda de personas que ingresan al sistema es de aproximadamente 120.000, con una tendencia creciente. Estamos hablando de un hacinamiento de alrededor del 50%. Al revisar los costos de sostenimiento anual de un privado de la libertad, encontramos que equivale a 25 millones y la creación de un cupo, a 120 millones. Como sociedad tenemos que pensar ¿qué clase de país queremos ser?”, dijo el alto funcionario.

El Ministro (e) aseguró que no se puede sacrificar al país en términos de salud y educación por la necesidad de construir cupos carcelarios; debe existir un balance entre cupos e inversión social. Así mismo señaló que el panorama actual en relación con los centros de reclusión no resulta de la construcción de nueva infraestructura, sino del aprovechamiento de la existente. Esto significa que no son espacios propicios para ser centros carcelarios.

Para el alto funcionario el enfoque diferencial como reconocimiento de la existencia de poblaciones con características particulares constituye un avance significativo en el marco de la cobertura para la protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario y carcelario. El INPEC, en cumplimiento de su misionalidad, ha venido implementado programas para la promoción, respeto y garantía de los derechos de la población LGTBI, población con discapacidad, indígenas, afros, adulto mayor y mujer en las cárceles colombianas.

Para el Ministro encargado, el tema referente a salud y alimentación resulta ser algo sensible; esto en una cárcel tiene varias complejidades, dadas las condiciones de seguridad; además, la comida que se reparte a los privados de la libertad requiere de un manejo especial teniendo en cuenta los frecuentes procesos de intoxicación, algo que resulta muy grave.

Durante el debate, Espinosa Palacios se refirió al Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional desde 1998. “Venimos trabajando con la Corte para superar esta grave situación y lograr un marco de resocialización para combatir efectivamente la reincidencia”.

En materia de política criminal dijo que se están preparando ajustes para algunos tipos penales, pues hay algunos delitos que no pueden tener pena privativa de la libertad, como la inasistencia alimentaria, caso en el que debe haber una sanción financiera que proteja a los niños. “No pueden haber criminales de alta peligrosidad en la calle mientras hay personas detenidas por demandas de alimentos”.

Espinosa culminó su intervención asegurando que el país debe mejorar la infraestructura carcelaria. “Se dejaron de hacer los mantenimientos preventivos y por lo tanto hay que hacer mantenimientos correctivos que son más costosos, pero que sin lugar a dudas se deben realizar”. También dio a conocer que se encuentra en proceso de  implementación la infraestructura temporal en los centros de reclusión, no solo pensando en celdas sino en todo el abastecimiento que contribuya a la resocialización.

Entre tanto, se espera que a mediano plazo se realice un proceso de fortalecimiento de la estructura rígida para aumentar cupos. “Con la mezcla de estos dos escenarios esperamos reducir el hacinamiento, a través de una política criminal sólida que responda a los intereses del país”, finalizó.

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