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miércoles, 2 de agosto de 2017

“La Ley de Amnistía cumple a satisfacción con los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos”: Ministro de Justicia

Bogotá, 2 de agosto de 2017. El Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, en audiencia pública, le pidió a la Corte Constitucional declarar ajustados a la Constitución la Ley 1820 de 2016 y sus componentes de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, y  el Decreto Ley 277 de 2017 que contiene el reglamento para su efectiva implementación.

Ante los magistrados del Alto Tribunal, el Ministro Gil Botero respondió los cuestionamientos sobre el alcance de esta ley a la luz de los estándares nacionales e internacionales para la protección de los Derechos Humanos, y sobre el trámite ante el Congreso de la República de temas relevantes para lograr la estabilidad jurídica del proceso de paz.

Frente al primer tema el alto funcionario expresó que “la Ley de Amnistía cumple a satisfacción con los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos, ya que impide que perpetradores de crímenes graves, cometidos en el contexto del conflicto armado, sean objeto de amnistía o indulto”.

De acuerdo con lo estipulado en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en el marco de la Ley de Amnistía, la Ley 1820 de 2016 y los beneficios que esta trae en materia de justicia están condicionados a la dejación de las armas y a la satisfacción de las víctimas, explicó el jefe de la cartera de Justicia.

Gil Botero destacó que en Colombia la concesión de amnistías ha jugado un rol trascendental para poner punto final a hostilidades con grupos guerrilleros y para promover la paz y la reconciliación. “Claro, se aplican siempre y cuando no impidan el enjuiciamiento por graves violaciones a los derechos humanos”, añadió. A la fecha, en el país se han beneficiado con este mecanismo 6.637 guerrilleros.

Con el fin de solicitar a los magistrados de la Corporación la declaración de exequibilidad de la mencionada ley, el Ministro recordó que en el mismo Congreso se cumplió con la exigencia de las mayorías, de tal manera que el parlamento quedó habilitado para conceder amnistías o indultos por delitos políticos. “No sobra recordar que el articulado de la Ley 1820 de 2016 ya se encontraba en el texto del Acuerdo Final, el cual fue debidamente refrendado por el Congreso de la República con el aval de la Honorable Corte Constitucional”, puntualizó.

De esta manera quedó claro ante la Sala Plena que la normatividad de la Ley 1820 de 2016 y del Decreto Ley 277 de 2017 ofrecen estabilidad jurídica al proceso de paz. La misma Corte aduce que para alcanzar dicha estabilidad se hace necesario conjugar la vigencia de los derechos de las víctimas, el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos y su proyección y defensa, lo cual ampara la Ley de Amnistía.

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