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jueves, 1 de junio de 2017

“Hay que fortalecer la política criminal para solucionar el hacinamiento carcelario”: Ministro Gil Botero

Bogotá, 1 de junio de 2017. Durante el I Congreso Internacional de Política Penitenciaria y Carcelaria: ‘Hacia la Construcción de una Nueva Política Penitenciaria en Colombia’, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, indicó que la ampliación de cupos carcelarios es una medida necesaria y urgente para atender en el corto y mediano plazo las necesidades de mejora de una infraestructura que debe responder a estándares mínimos, que garanticen los derechos humanos de la población privada de la libertad.


Sin embargo, el alto funcionario aseguró que la ampliación de cupos no es una medida suficiente para afrontar la crisis del sistema penitenciario, la cual requiere de soluciones estructurales de largo plazo. “La superación del estado inconstitucional de cosas requiere de esfuerzos amplios e integrales a nivel de política criminal. Por lo tanto, el trabajo de esta cartera se ha enfocado en el fortalecimiento de una política que permita superar las fallas estructurales que originan el hacinamiento y suplir las necesidades de la población privada de la libertad”, anotó el Ministro.

La instalación del Congreso estuvo a cargo del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, quien aseguró que el Gobierno Nacional nunca ha estado de brazos cruzados y que a la fecha son numerosas y serias las acciones implementadas en el apartado penitenciario. “Nos hemos esforzado por construir una política criminal seria que se traduzca en una política penitenciaria seria. No se trata solo de promover penas de carácter intramural, sino de garantizar la resocialización y el reintegro a la sociedad”, aseguró el Primer Mandatario.

Durante el acto el Presidente confirmó que hasta el año 2021 se tiene aprobación de aval fiscal por 735 mil millones de pesos para construir tres nuevos establecimientos de reclusión en Pereira, Fundación (Magdalena) y Riohacha. Y al referirse a la adición presupuestal de 170 mil millones que se tramita actualmente en el Congreso, anotó que 70 mil millones se destinarán a proveer más de mil cargos que hoy están vacantes en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entre personal de guardia y administrativo, y que 100 mil millones se invertirán en generación de cupos y mantenimiento de la infraestructura carcelaria.

El Ministro Gil Botero reconoció que como Estado hay que empezar a pensar en nuevas formas de intervención para abordar las causas socio-culturales que llevan a la comisión de conductas punibles. “La constante creación de nuevos delitos, el incremento de penas y la reducción de beneficios judiciales no han cumplido a cabalidad con la función de prevención. Por el contrario, han generado un aumento significativo en la densidad de la población carcelaria y en el tiempo de reclusión intramural”, manifestó.

El titular de la cartera de Justicia agradeció al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, por generar espacios de deliberación y generación de estrategias para afrontar la problemática que vive el país en materia penitenciaria.

Y concluyó su intervención asegurando que con la construcción de una nueva política criminal se busca reducir el delito y la violencia, apoyándose en medidas de prevención, investigación, judicialización y ejecución de la pena. “Instamos a las instituciones públicas y privadas, y a la sociedad, a que asuman un rol protagónico desde sus orillas para aliviar las condiciones de vida de la población privada de la libertad”, puntualizó.
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