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viernes, 17 de noviembre de 2017

En 2017, se redujo el hacinamiento en un 4.8%, garantizando de esta forma los derechos de la población reclusa

Con diferentes iniciativas legislativas, el Minjusticia busca fortalecer la política criminal y hacerla más racional, coherente y eficaz.

En su primer aniversario, el Observatorio de Política Criminal, fortalece las respuestas del Estado frente a la criminalidad.

1.752 nuevos cupos fueron entregados por el Gobierno Nacional con los que se busca garantizar y dignificar las condiciones y los derechos humanos de la población que salda su deuda con la justicia.

Gracias al Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, 24 adolescentes se han beneficiado de esta iniciativa.

“La pena es un recurso que debemos usar con cuidado. Son pocas las veces en las que el castigo es la solución estructural a los problemas de criminalidad”: Ministro Gil.

Minjusticia aportará 272 millones de pesos para fortalecer Centros de Armonización Indígena del pueblo Nasa.


Fredonia (Antioquia), 17 de noviembre de 2017. Durante el 2017, El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, ha logrado la consolidación de una política criminal y penitenciaria que exalte al ser humano y garantice los derechos y libertades propios de un Estado democrático de derecho.” Debemos pensar en un derecho penal para solucionar los conflictos que no tengan una solución distinta a la penal, este derecho debe ser usado como último ratio”, así lo ha señalado el Ministro Gil Botero.

Como parte de la construcción de dicha política criminal integral, durante este periodo se realizó la expedición de las leyes 1786 de 2016, con la que se busca la racionalización y limitación del uso de la detención preventiva a través de la definición de un tiempo máximo de duración de la misma y los términos que posibilitan la restricción a un derecho fundamental como la libertad; así mismo la Ley 1826 de 2017, por medio del cual se definen las contravenciones penales, se establece un procedimiento especial abreviado para ellas y se regula la figura del acusador privado.

Por medio de la Ley 1849 de 2017, también radicada por esta cartera, se busca endurecer el procedimiento de extinción de dominio a partir de varios elementos específicos dirigidos a afectar los patrimonios ilícitos y por último el Proyecto de Ley 014 de 2017 que fortalece la política criminal y penitenciaria, afianzando las medidas alternativas a la privación de la libertad, la progresividad del tratamiento penitenciario, la despenalización de algunas conductas que pueden ser abordadas por otros instrumentos jurídicos, como el derecho policivo o el régimen disciplinario.

Esta Dirección, también trabaja en garantizar y consolidar el Observatorio de Política Criminal, la herramienta creada como fuente de producción y de conocimiento sobre la información relacionada con las distintas instancias que intervienen en la política, así como información estadística, documentos, conceptos y notas de actualidad. Con esta, además se facilita el proceso de informar a la ciudadanía de manera transparente sobre las distintas labores realizadas en esta materia siendo un canal para cualificar la información para quienes se encuentran interesados y de este modo fortalecer la participación. 

El Gobierno Nacional con el ánimo de contribuir al deshacinamiento y de esta forma garantizar y mejorar las condiciones de los privados de la libertad a la fecha entregó 1.752 nuevos cupos distribuidos en los siguientes establecimientos penitenciarios y carcelarios: Bellavista (Antioquia), 408; Espinal (Tolima), 768; Ibagué (Tolima), 576. Se espera que en lo que queda del año se haga la entrega de 1.376 más en las cárceles de Tuluá – 656 - y Buga -720- (Valle del Cauca).

La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria ha fortalecido su labor de coordinación de los actores a través de una de sus instancias como lo es el Consejo Superior de Política Criminal y el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Este último ha buscado la verificación de la garantía de derechos humanos de los adolescentes privados de la libertad. Con la puesta en marcha del Programa de Justicia Restaurativa implementado en Casas de Justicia se han podido atender 10 casos priorizados en el marco de situaciones tipo III (conflictos escolares constitutivos de delitos).

Así mismo, en Cali hay siete casos en el marco de la aplicación del principio de oportunidad – proceso en donde se acompaña a las partes para llegar a un acuerdo a través de un modelo de justicia juvenil restaurativa-, y por último siete casos más en Bogotá en el marco de la sanción de prestación de servicios a la comunidad. Con esto se avanza en cumplir con la finalidad pedagógica y restaurativa del Sistema. 

Por otro lado, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en cabeza de la Dirección de Política Criminal hizo el lanzamiento oficial del libro ‘La proporcionalidad de las penas en la legislación colombiana’ un trabajo que busca darle cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional que establece la superación del estado de cosas inconstitucional en los establecimientos penitenciarios.

Su objetivo es el de proporcionar a los encargados de la política criminal del Estado una fuente de conocimiento cierta y lo más completa posible, ofreciendo respuestas más apropiadas para el control y prevención de comportamientos sociales problemáticos sin que ello implique una afectación de los derechos y garantías de la ciudadanía.

En este año, también se firmó un convenio interadministrativo con la Asociación de Cabildos Indígenas del norte de Corinto, Cauca por 389 millones 365 mil pesos, de los cuales la cartera de Justicia aportará 272 millones 800 mil y el valor restante (116 millones 565 mil) será asumido por la Asociación. El objetivo del convenio es aunar esfuerzos para desarrollar el proyecto ‘Fortalecimiento al ejercicio de la jurisdicción especial indígena del pueblo Nasa a través del apoyo a sus instituciones de justicia propia, denominadas Centros de Armonización Indígena’

Con todo esto, se espera que para lo que queda del 2017 y para el 2018 se logre seguir robusteciendo la articulación entre las políticas de seguridad y la política criminal, así como la implementación de canales de comunicación con los territorios y la territorialización de la política criminal y así lograr la implementación de mecanismos sólidos. 
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