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martes, 20 de septiembre de 2016

“El plebiscito no es un cheque en blanco, es la posibilidad que tenemos los colombianos de que las Farc desparezcan como grupo armado”

Bogotá, 20 de septiembre de 2016. Así lo aseguró hoy el Ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, en el marco de la conferencia ‘Jurisdicción Especial para la Paz: Desafíos de un Nuevo Modelo de Justicia’, que tuvo lugar en la Universidad de Los Andes.

“El objetivo del fin del conflicto armado es que estas personas (las Farc) ingresen a la institucionalidad y cambien las armas por las palabras, que cambien el secuestro por el estudio de proyectos y proposiciones para que se conviertan en ley”, señaló el alto funcionario, quien durante su intervención hizo especial énfasis en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la que dijo, se apoya en una justicia de transición en la que están en el centro las víctimas del conflicto y tiene, sobre todo, un carácter retributivo y con garantía de no repetición.

Londoño Ulloa manifestó que el aporte más importante y significativo de todo este proceso consiste en que la sociedad colombiana, a partir de este ejercicio, purgue sus penas, aprenda y no repita lo que por tantas décadas ha venido repitiendo. Es decir, que no solucione sus problemas a través de la fuerza y la violencia.

“Este no es únicamente un sistema de juzgamiento, sino uno en el que existe una comisión de la verdad, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, un proceso para resarcir a las víctimas y otro más en el que se asegurará que no haya repetición”, manifestó el jefe de la cartera de Justicia.

Según el Ministro, la JEP utilizará un sistema integral. “Existirá una comisión que incluso por fuera de los procesos se encargará de encontrar la verdad, a la cual están obligados los integrantes de las Farc, los agentes del Estado y los terceros civiles responsables de colaborar. Así, los hechos podrán esclarecerse”, señaló.

El alto funcionario concluyó asegurando que en este sistema no habrá impunidad. “Las personas tendrán penas de entre cinco y ocho años cuando confiesen, bien sea al inicio o durante el proceso; y de 15 a 20 años cuando no confiesen”, puntualizó.
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