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jueves, 6 de julio de 2017

“El Estado colombiano tiene la voluntad de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado”: Ministro Gil Botero

La JEP verificará el cumplimiento de las condiciones de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Lima (Perú), 6 de julio de 2017. Durante el 163° Periodo Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, participó en la audiencia temática denominada ‘Justicia Especial para la Paz y responsabilidad de terceros en Colombia’, convocada por este organismo. En esta oportunidad, el alto funcionario se refirió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como una muestra clara de que el Gobierno colombiano trabaja en aras de sancionar a los que cometieron delitos durante el conflicto armado en el país.




“El Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en el que las partes acuerdan la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, así como los instrumentos normativos que lo ponen en marcha, sienta las bases necesarias para garantizar el juzgamiento a responsables de violaciones a los derechos humanos en el marco de la JEP”, dijo el Ministro, quien añadió que aún están en desarrollo aspectos legales procesales que podrán ser resueltos por la ley estatutaria, o en últimas, por los jueces de la JEP, quienes gozarán de plena autonomía.

Gil Botero manifestó que esta jurisdicción incluye, además de los excombatientes miembros de grupos armados ilegales, a agentes del Estado y a terceros no combatientes que también hayan tenido responsabilidades en el marco del conflicto armado. “El Acuerdo Final reconoce que el conflicto ha afectado de diferentes formas a la sociedad, incluyendo a civiles que desarrollan actividades en las zonas marcadas por el conflicto, los cuales han sido víctimas de delitos como el secuestro, la extorsión y los atentados a la infraestructura”, señaló.

El jefe de la cartera de Justicia presentó también ante la Comisión los principales aspectos del tratamiento penal que recibirán los terceros en la JEP. En primer lugar, la aplicación de la Jurisdicción se encuentra definida en el Acto Legislativo 01 de 2017, con lo que se garantiza la efectiva investigación, sanción y juzgamiento por parte de los jueces, y en general, se consigue resolver la situación jurídica de estas personas que han tenido alguna responsabilidad en el conflicto armado y que tienen la voluntad de reconocer dicha participación y contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Será la JEP (específicamente la Sala de Reconocimiento) la que tendrá que decidir en cada caso cuándo una contribución a la comisión de cualquier delito -como puede ser un caso de financiación- constituye una participación determinante o activa en un crimen internacional. “Reitero: siempre que se trate de una acción de contribución que constituya una participación activa o determinante en una violación a los Derechos Humanos, el tercero civil será sancionado por la JEP”, aseguró Gil Botero.

El Ministro concluyó su intervención reiterando que el Gobierno Nacional tiene plena voluntad de convertir a la JEP en el mecanismo por medio del cual el Estado colombiano investigue, juzgue y sancione de manera efectiva a los terceros civiles que hayan tenido una participación activa o determinante en la comisión de violaciones a los Derechos Humanos o graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
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