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lunes, 9 de noviembre de 2015

Dirección de Política Criminal y Penitenciaria le apunta a la prevención, a la resocialización real y a unas condiciones dignas para la población privada de la libertad

Vereda San Rafael, Santa Marta (Magdalena) 9 de noviembre de 2015. Actualmente, gracias a la labor de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, 80.000 personas privadas de la libertad en Colombia estudian, trabajan, enseñan y desarrollan actividades productivas, y los primeros centros de reclusión que implementarán el Teletrabajo serán los de Tunja y San Andrés, y el de mujeres de Bogotá.

Y para garantizar la efectiva resocialización de la población privada de la libertad y el cumplimiento de los fines constitucionales de la pena en condiciones de dignidad humana, el Documento Conpes 3828 consagra tres ejes estratégicos: la generación de condiciones de infraestructura física, tecnológica, humana y para la atención de salud, la integración de la política penitenciaria como parte integral de la política criminal con miras al cumplimiento del fin resocializador de la pena; y la integración nación-territorio y las relaciones público-privadas para el cumplimiento de los fines del sistema penitenciario y carcelario.

Lo que se pretende es adoptar una política de derechos de víctimas y de victimarios que tome la prevención en serio, que no se apoye en la solución simplista y constante de ampliar el listado de delitos y el tiempo de las penas, y que no contemple la privación de la libertad como única sanción penal. Para alcanzar tal fin, en el año que termina la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria ha desarrollado su gestión en tres frentes.

El primero, la generación de insumos, asesoría e intervención en escenarios de definición de lineamientos y orientaciones de la Política Criminal del Estado; el segundo, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que hace seguimiento y coordinación institucional en cuanto a prevención, ejecución de sanciones y garantía de derechos; y el tercero, el seguimiento penitenciario, encargado de trabajar articuladamente y coordinar con diversas instituciones la protección y garantía de derechos de la Población Adulta Privada de la Libertad y el mejoramiento de sus condiciones de reclusión.

Así las cosas, y pensando en la construcción de una paz estable y duradera que permita avanzar hacia la reconstrucción del tejido social, la convivencia y la reconciliación, se han emitido conceptos sobre los proyectos de ley con relevancia para la política criminal que se encuentran en trámite en el Congreso. También, se ha diseñado y consolidado el Observatorio de Política Criminal, herramienta principal para la generación de insumos que permitan fortalecer la construcción, evaluación y seguimiento de dicha política. Y como mecanismo de participación para la construcción de una verdadera política pública, se trabaja en espacios académicos y con la población privada de la libertad, y se pondrá en funcionamiento la página www.politicacriminal.gov.co.

Finalmente, el Sistema Nacional de Coordinación del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes tiene como objetivo orientar, coordinar y articular el diseño de políticas públicas para consolidar su financiación, un sistema único de información y la articulación nación-territorio. Se quiere fortalecer el funcionamiento de un sistema penal específico, diferenciado y pedagógico que logre el restablecimiento de derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal y materialice formas de justicia restaurativa frente a los conflictos que genera el delito.

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