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miércoles, 11 de noviembre de 2015

Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia avanza en la construcción de una política penitenciaria con participación ciudadana

Bogotá, 11 de noviembre de 2015. Con buen suceso se cumplió en Bogotá, en las instalaciones de la Universidad Externado de Colombia, el foro ‘Política Penitenciaria y Dignidad Humana’, organizado por la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho.

En el evento, el tercero de su tipo que se celebra este año, disertaron y expusieron sus puntos de vista acerca de la política penitenciaria Franky Urrego Ortiz, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; el abogado Agustín Jiménez, asesor del senador Iván Cepeda; y Marcela Gutiérrez, directora del Centro de Investigación de Política Criminal. 

Los dos primeros foros de 2015 se llevaron a cabo en la Universidad Nacional y en los mismos se abordaron temas como política criminal, la socialización de la sentencia T-388 y los avances del Gobierno en torno a la misma. Esta sentencia de la Corte Constitucional consagra el derecho de toda persona privada de la libertad a estar en condiciones respetuosas con un mínimo vital en cuanto a dignidad.

El encuentro celebrado en el Externado hace parte de una estrategia de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia, que propone una apertura de espacios para que la sociedad civil y personas que tienen que ver con la política carcelaria puedan opinar y aportar al tema. Los foros buscan socializar distintas experiencias, estrategias y documentos en los que el Gobierno ha avanzado desde el momento en que la sentencia vio la luz. Y para impulsar la participación de la ciudadanía se creó la página web www.politicacriminal.gov.co. 

“Necesitamos contar con un diagnóstico bien fundamentado y por ello el Ministerio ha abierto espacios para la participación y la discusión. El fin último es garantizar unas mejores condiciones de vida para la población privada de la libertad, así como la construcción de una política penitenciaria criminal racional, eficaz y coherente. Esta es una verdadera herramienta de política pública”, indicó Adriana Romero, coordinadora del Observatorio de Política Criminal y miembro del Subcomité de la sentencia T-388, que hace parte del Consejo Superior de Política Criminal.

Desde 2012 la política del Ministerio respecto a este tema ha girado en torno a la prevención en serio, a consolidar procesos reales de resocialización, al debate sobre si existe o no una política criminal, y a si esta última va más allá de lo penal o se agota en este apartado. “Las estrategias que ha adoptado el Gobierno en los últimos dos años han sido importantes a pesar de que no han tenido un impacto significativo. Pero deben ser tenidas en cuenta y en torno a ellas hay que discutir porque hay avances en la construcción de una política pública de tipo carcelario”, puntualizó Romero.

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