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jueves, 30 de noviembre de 2017

Congreso aprueba el Proyecto de Ley Estatutaria de la administración de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Bogotá, 30 de noviembre de 2017. Este jueves, la Plenaria del Senado aprobó el texto de conciliación del Proyecto de Ley Estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta normatividad garantiza los mecanismos para juzgar a los actores del conflicto armado y la reparación de las víctimas afectadas a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

Este texto había sido aprobado el pasado miércoles por la Plenaria de la Cámara de Representantes y contiene las observaciones desarrolladas durante los debates en las comisiones primeras conjuntas. Además, acoge como uno de sus principios la aplicación de una justicia restaurativa con el fin de reparar el daño causado durante más de 50 años de guerra.

La Comisión de Conciliación, encargada de elaborar el texto final que fue aprobado por el pleno de las dos corporaciones legislativas, presentó un texto de 162 artículos, de los cuales 43 tuvieron diferencias respecto a las ponencias iniciales.  

De la Cámara de Representantes fueron acogidos 36 artículos con observaciones entre las que se destacan tres de ellas. La primera tiene que ver con los criterios que aplicarán la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. La segunda tiene que ver con los requisitos para acceder al tratamiento especial como el aporte a la verdad plena y la garantía de no repetición de quienes se acojan a la JEP. Y, la tercera, hace referencia a los detalles sobre cómo podrán los exmiembros de las Farc participar en política. 

En cuanto al texto aprobado por el Senado de la República, en el informe de conciliación se acogieron 7 artículos. En ellos quedaron establecidos los requisitos para ser Magistrado del Tribunal para la Paz y de las Salas, señalando expresamente las inhabilidades para quienes hayan ejercido representación judicial o administrativa sobre hechos del conflicto armado, o contra el Estado en materia de violaciones de Derechos Humanos, entre otros.  

El proyecto que sale del Congreso deberá recibir control de constitucionalidad previo por parte de la Corte y, solo hasta cuando este Alto Tribunal se pronuncie, pasará a sanción presidencial. 


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