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jueves, 23 de febrero de 2017

“Con lo que nos ahorramos en esta licitación podremos sufragar la alimentación y la salud de cerca de 120 internos”: Ministro Londoño

El Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) adquirieron el servicio de brazaletes electrónicos para la población que tiene el beneficio de detención domiciliaria. El ahorro es del 57,32% respecto a lo que se venía invirtiendo en dicho rubro.

Bogotá, 23 de febrero de 2017. Acompañado por María Cristina Palau Salazar, Directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC); y Rafael Mejía, Presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, el Ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, confirmó que se adquirió el servicio de vigilancia electrónica ininterrumpida para la población privada de la libertad que cuenta con beneficio de detención domiciliaria.

“Este es uno de los procesos licitatorios más importantes para el Ministerio. Buscamos que fuera transparente, con multiplicidad de proponentes y que no demandara demasiados recursos”, aseguró el jefe de la cartera de Justicia.

 


La licitación la ganó el proponente que además de ofrecer un buen precio, cumplió con todas las condiciones técnicas, jurídicas y financieras habilitantes: la firma comisionista BURSAGAN S.A. La puja, en la que participaron varios proponentes nacionales e internacionales, cerró en $33.497 millones de pesos, lo que representa para el Ministerio y el Estado colombiano un ahorro del 57,32% respecto a lo que se venía invirtiendo en dicho rubro en contratos anteriores . Así las cosas, 6.000 personas que tienen beneficio de detención domiciliaria en el país podrán ser vigilados electrónicamente.

“Este es un ahorro que asciende a 30 mil millones de pesos, lo que indica que cuando hay procesos transparentes y éticos por parte de las entidades, estos resultan rentables para el Estado”, indicó el Ministro Londoño, quien agregó que con esta adquisición el sistema gana en seguridad, actualización y robustez.

En el proceso licitatorio fueron veedores la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Se estima que el tiempo de ejecución del contrato sea de 17 meses.
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