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sábado, 23 de abril de 2016

“Como Estado recordamos los hechos ocurridos, no los olvidamos, los rechazamos y nos avergonzamos”: Yesid Reyes, durante el reconocimiento de responsabilidad del Estado en la Masacre de Trujillo

Trujillo (Valle), 23 de abril de 2016. Frente a una de las poblaciones más afectadas por la violencia paramilitar, el Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado colombiano, se comprometió a que se realizarán las medidas de reparación acordadas y lamentó que los familiares y defensores hubieran tenido que ir hasta instancias internacionales para alcanzar la justicia.

“Les pedimos perdón a ustedes, a sus padres, a sus madres, a sus hijos e hijas, a sus hermanos y hermanas, esposas y compañeras. Sabemos que nada puede reemplazar a sus familiares o reparar el dolor que ustedes han sentido. Sin embargo, esperamos que esta declaración los resarza de alguna manera”, afirmó el jefe de la cartera de Justicia frente a decenas de víctimas que esperaron por más de 20 años una respuesta del Estado.

El Ministro Reyes afirmó que ya concluyó el proceso de solución amistosa entre el Estado y las víctimas, para acordar las medidas de reparación a la comunidad en cumplimiento de las directivas dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y señaló que todo lo acordado se cumplirá a cabalidad.

"Nos comprometimos con la reparación integral a los familiares de las víctimas del caso, razón por la cual nos congregamos hoy, a fin de conmemorar los hechos ocurridos y reiterar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado en el caso”, manifestó.

Con el dolor que siente una víctima más del conflicto colombiano, Reyes Alvarado, lamentó que las víctimas hubieran tenido que transitar un largo camino para alcanzar justicia y resaltó el trabajo que durante años han adelantado los familiares y sus representantes, para el esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Durante el acto, el Ministro de Justicia recordó al fallecido Padre Tiberio Fernández -quien fue decapitado y mutilado durante los hechos-, nombró a cada una de las víctimas de la masacre y afirmó que es necesario “recordar los nombres de estas personas que durante años fueron prácticamente invisibles, como tantas víctimas anónimas que han caído en nuestro país a manos de la violencia”.

Reyes Alvarado resaltó que aún hoy muchas familias no han tenido acceso a los restos de sus seres queridos para darles una sepultura digna y reiteró el compromiso del Estado con la labor de búsqueda y hallazgo de dichos cuerpos, para lo cual señaló que “se están realizando los mayores esfuerzos”.

El alto funcionario manifestó que estos hechos de violencia se conmemoran con la convicción de construir un futuro de paz e iniciar un proceso de reconciliación nacional. Recordó que por hechos como este es que el Gobierno trabaja “constante e incesantemente por construir un país en paz y sin violencia”.

El camino que han recorrido las víctimas de la Masacre de Trujillo

Entre 1988 y 1991 ocurrieron en el municipio de Trujillo (Valle del Cauca) una serie de graves violaciones a los derechos humanos que incluyeron homicidios, desapariciones forzadas y torturas. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de marzo de 1992 y quedaron consignados en el caso No.11007 de este organismo internacional.

La magnitud y gravedad de los hechos llevó a que en su momento, representantes de las víctimas y el Estado colombiano iniciaran un proceso de solución amistosa, el cual concluyó con la publicación del Informe Final que emitió la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo. En este documento, la Comisión determinó la responsabilidad internacional del Estado por acción y omisión de sus agentes estatales en la ocurrencia de los hechos.

Dados los hallazgos del informe referido, el Presidente de la República de ese entonces, Ernesto Samper Pizano, reconoció la responsabilidad estatal en lo sucedido e inició una serie de acciones para implementar las recomendaciones formuladas en el mencionado informe.

El 6 de abril de 2016, después de superar múltiples obstáculos en la implementación de las recomendaciones referidas y del trámite interamericano, el Estado colombiano, las víctimas y sus representantes concluyeron el proceso de solución amistosa.
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