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miércoles, 21 de octubre de 2015

“Colombia le apuesta a una política pública que supera las barreras de acceso a la justicia y fortalece la atención a los usuarios”: Viceministra de Justicia

Madrid (España), 21 de octubre de 2015. Durante la mesa de trabajo ‘Avances del acceso a la justicia en América Latina’, que se desarrolla en Madrid (España) en el marco del ‘Diálogo Euro-Latinoamericano Expandiendo el Acceso a la Justicia’, la Viceministra de Promoción de la Justicia, Ana María Ramos Serrano, destacó los importantes avances de Colombia en la materia y el cómo la política pública va más allá de disponer de juzgados en todo el territorio nacional. La alta funcionaria agregó que esto permite ampliar la oferta de servicios de justicia no formal y administrativa -que complementa la justicia formal- y facilita los mecanismos indispensables para que los ciudadanos satisfagan sus necesidades de justicia.

Según la Viceministra, para el Ministerio de Justicia la definición del derecho de acceso a la justicia comprende una noción mucho más amplia a la de simplemente disponer de una oferta de este servicio en el territorio nacional. Ello implica que el Estado tiene la obligación de eliminar las barreras geográficas, económicas y sociales para garantizar que los pobladores puedan contar con las vías judiciales e institucionales para reestablecer sus derechos, y también, que debe adecuar la oferta de servicios de justicia a las necesidades y particularidades de las personas que habitan el territorio, promoviendo una justicia efectiva, oportuna, seria y sencilla.

​“​Para lograr esto, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación estamos avanzando en la definición de una metodología para medir las necesidades jurídicas de los ciudadanos, que se espera aplicar a partir de 2016”, señaló Ramos Serrano.

​Durante su intervención en el foro de Eurosocial II, la Viceministra compartió con expertos de la Unión Europea y América Latina el trabajo que adelanta el Ministerio en el fortalecimiento de un modelo de gestión de Casas de Justicia, que en muchas ocasiones no solo agrupan servicios de justicia, sino también ofertas de servicios sociales que permiten la materialización de los derechos de los ciudadanos.

“El derecho a la justicia es un derecho instrumental que debe permitir el acceso a otros derechos. Para esto es necesario lograr que la oferta institucional en las Casas de Justicia sea completa, es decir, que participen todas las entidades que tienen que ver con la orientación, la asistencia legal, el reconocimiento del derecho y el cumplimiento de las decisiones que se adoptan vía judicial o por conciliación entre las partes”, puntualizó. Ramos Serrano.

Las Casas de Justicia son centros multiagenciales de prestación de servicios de justicia que atienden a comunidades marginales y vulnerables. Actualmente, el Programa cuenta con 104 de ellas en 84 municipios de 28 departamentos y con 34 Centros de Centros de Convivencia, que sumados representan 138 puntos de atención al servicio de los ciudadanos.
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