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martes, 18 de octubre de 2011

Código General del Proceso fue aprobado en segundo debate en Plenaria de Cámara

Bogotá, 18 de octubre de 2011. La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó hoy en Segundo Debate el Proyecto de Ley por medio del cual se expide el Código General del Proceso que pretende reducir de manera significativa la duración de los procesos civiles, comerciales, de familia y agrarios.

“Se trata sin duda del Proyecto de Ley que más contribuirá con la descongestión y el mejoramiento de los índices de morosidad de los despachos judiciales en todo el país. Este código se aplicará al ciento por ciento de los procesos judiciales que se tramitan en Colombia”, indicó el Viceministro de Promoción de la Justicia, Pablo Felipe Robledo del Castillo. 

Este proyecto no solo prevé la oralidad sino también el uso adecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la unificación de los procedimientos, el uso racional del aparato judicial y la simplificación de las distintas actuaciones y procedimientos.

El Viceministro Robledo del Castillo resaltó la labor de la Cámara de Representantes e indicó que: “en Colombia una iniciativa legislativa jamás había sido tan analizada, discutida y socializada, teniendo en cuenta que este Código ha sido el fruto de un trabajo de más de siete años y cuenta con innumerable foros y audiencias a lo largo y ancho del territorio nacional.” 

Esta iniciativa consagra un régimen importante para la racionalización de las instancias judiciales y de los recursos con miras a no desgastar injustificadamente el aparato judicial.


ABC del Proyecto de Ley del Código General del Proceso

• Adopta un nuevo estatuto procesal a través del cual se regula íntegramente la actividad del proceso judicial, inspirado en el propósito de adoptar un proceso por audiencias (oralidad).

• Aprovecha adecuadamente una buena cantidad de instituciones procesales decantadas y arraigadas en nuestra cultura jurídico-procesal, pero a su vez incorpora experiencias e instituciones que han probado ser exitosas en otros países con características socioeconómicas similares a las nuestras, como la carga dinámica de la prueba, las medidas cautelares innominadas y el proceso monitorio, entre otros.

• Introduce una importante modernización de los procedimientos, poniendo las tecnologías de la información y el conocimiento al servicio de la actividad judicial, permitiendo que cualquier actuación, audiencia o memorial pueda realizarse con la ayuda de las TIC’s.

• Elimina de nuestro ordenamiento jurídico procesal los factores normativos que entorpecen la eficacia de la función jurisdiccional, así como también corrige algunas prácticas indebidas arraigadas en las estructuras procesales actuales.

• Ofrece mecanismos procesales que facilitan el avance de los trámites judiciales, y aseguran la observancia real de las garantías constitucionales en el proceso.

• Incorpora a la normatividad algunas de las más importantes decisiones que en asuntos procesales han adoptado los jueces, especialmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, además de los Tribunales Superiores y Tribunales Administrativos.

• Recopila la legislación que en materia de procedimiento se encuentra dispersa en numerosas disposiciones legales que han sucedido a la expedición del Código de Procedimiento Civil en el año de 1970. En particular, capitaliza y mejora los avances alcanzados en la legislación procesal de los últimos años (Ley 794 de 2003, la Ley 1194 de 2008 y la Ley 1395 de 2010).

• Establece mecanismos de desjudicialización y el ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas.
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