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martes, 14 de noviembre de 2017

“La práctica judicial nos ha demostrado que hay casos de adolescentes implicados en acciones relacionadas con el conflicto armado interno”: Directora de Política Criminal del MinJusticia

Bogotá, 14 de noviembre de 2017. Durante el Seminario Internacional de Justicia Juvenil ‘Apoyando a los jóvenes en conflicto con la Ley Penal en Colombia’, la Directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, Marcela Abadía Cubillos, aseguró que para la cartera es realmente satisfactorio hacer parte de este proyecto conjunto de articulación y de experiencias compartidas sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con la Embajada del Reino Unido y el Consejo Británico.

“Este es uno de los primeros eventos en los que compartimos experiencias con jueces, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fiscales y actores de toda Colombia para seguir construyendo esta articulación relacionada con el SRPA”, dijo Abadía, quien señaló que ningún niño, niña o adolescente debe ser  sancionado por conductas que no están previstas como delitos en el caso de los adultos.

“Perseguimos un cambio de paradigma. Pasar de uno en el que el menor es objeto de control a otro que se fundamenta en el reconocimiento del niño y adolescente como sujeto activo de derechos y responsabilidades”, indicó.

Abadía recordó que desde que el Ministerio de Justicia se apersonó del tema ha venido trabajado para asegurar que el sistema cumpla con la filosofía en la que se fundamenta: la consolidación de una finalidad restaurativa, específica y pedagógica que ofrezca una nueva oportunidad a los adolescentes que se han equivocado y que en la mayoría de las ocasiones, han cometido delitos en un contexto de insatisfacción respecto a los derechos que para ellos están previstos en la Constitución y en las normas internacionales que la complementan.

“La Política Criminal debe estar fundamentada en los Derechos Humanos. Y tratándose de la justicia para adolescentes, esto implica otorgar una protección especial y un grado de participación en los procesos y sanciones que se impongan, los cuales siempre deben orientarse hacia la restauración del tejido social, teniendo en cuenta al adolescente al que no se le han garantizado plenamente sus derechos”, dijo Abadía.

Abadía finalizó su intervención manifestando que la política criminal debe estar orientada a la prevención y no a la represión. “Las características de la delincuencia de los jóvenes en Colombia y la situación de desprotección de niños, niñas y adolescentes demuestran que la mejor forma de prevenir el delito no es con sanciones fuertes sino con garantía de derechos, procesos pedagógicos y apertura para la participación juvenil”, puntualizó.

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