“Yo celebro y destaco el trabajo que han realizado todos y cada uno de los miembros de esta Comisión. Un trabajo muy sesudo, cuidadoso e importante para la República de Colombia que viene pidiendo a gritos un verdadera política criminal integral para el trabajo que deben desarrollar todas las ramas del poder público”.
El alto funcionario recordó también que este diagnóstico es presentado a raíz de una preocupación del Ejecutivo por diseñar una política criminal integral y articulada.
“La política criminal no puede manejarse sobre la base de parcelarla, dividirla en pequeñas porciones que son generalmente la respuesta en un momento de apasionamiento a una conducta que tuvo lugar y que ofendió a la sociedad, y posteriormente motiva un proyecto de incremento en las penas”, recalcó.
A propósito de las recomendaciones más sustanciales formuladas por los catorce integrantes de esta Comisión, el presidente de la misma, Iván González Amado, se refirió a la necesidad de diferenciar la política de seguridad con la política criminal justamente para evitar poner en riesgo la legitimidad de las sanciones o la posibilidad de alcanzar acuerdos de paz.
“Por las condiciones específicas de Colombia, al tener más de 50 años de un conflicto armado al cual aún no se le ha puesto fin, es necesario hacer una diferencia entre las políticas de seguridad y las políticas criminales para evitar que haya confusiones que pongan en riesgo la legitimidad de las medidas que se dan dentro del Derecho Penal Ordinario, y que ponen en riesgo también la posibilidad de alcanzar acuerdos y condiciones específicas tendientes a terminar la situación de conflicto armado”, sostuvo el presidente González.
El Comisionado explicó que esa diferenciación es necesaria para permitir que haya consideraciones específicas y líneas de interpretación sobre las normas, por ejemplo, del Derecho Internacional Humanitario, o del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y su correlación con el Derecho Penal Interno, para que no haya contradicciones que afecten negativamente a quienes estén siendo procesados por delitos de lesa humanidad, o que se afecte negativamente las posibilidades del Estado para lograr una situación de paz y de terminación del conflicto.
El Diagnóstico, incluye de igual forma recomendaciones para que la política criminal responda a las exigencias específicas de cada región.
“Colombia no es un país que tenga la misma realidad social. Cada una de sus regiones tiene distintas condiciones favorables a la criminalidad o que pueden ayudar a combatir la criminalidad, y debemos tratar de profundizar en ese tipo de condiciones ya sea para combatir el delito o para replicar en otras regiones para evitar la criminalidad”, indicó el doctor Iván González Amado.
Necesidad de profundizar en la protección de personas tradicionalmente discriminadas o en especial estado de vulnerabilidad, tanto para la prevención del crimen como para las respuestas que pueda dar el Estado. No sólo en perspectiva de género, sino también étnico y de minorías desprotegidas.
El Ministro Juan Carlos Esguerra también agradeció la participación de la Unión Europea al acompañar el proceso de esta Comisión y destacó el apoyo y acompañamiento de este organismo en cabeza de su embajadora Maria Wilhelmina Josepha Antonia Van Gool.